El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco. Sentimientos encontrados, entre tristeza, alegría e incertidumbre, recorrieron la sociedad. Alguno, temeroso del futuro, almacenó azúcar, harina o arroz. Siguiendo el marco institucional franquista, se proclamaba rey a Juan Carlos I, como sucesor de Franco. La presión de obreros y estudiantes en la calle que se había ido incrementando desde 1973, impidió la continuidad de la dictadura en el primer gobierno. El rey buscaba un proyecto político nuevo, que le permitiría consolidar la monarquía. Por ello designó a Adolfo Suárez para un segundo gobierno, más relacionado con el franquismo reformista y la oposición. Con la movilización social en las calles, Suárez y las élites franquistas reformistas buscaron dirigir un proceso político que impidiera el acceso al poder del antifranquismo. Un proceso que se encaminó bajo el peso de los acontecimientos y que desembocó en la recuperación de la democracia abortada en 1936; con apoyo de Estados Unidos, que temía una deriva revolucionaria si persistía la ausencia de libertades.

El primer paso fue la celebración del referéndum de la Ley para la Reforma Política, el 15 de diciembre de 1976, sin posibilidades de libre expresión para la oposición antifranquista y con toda la maquinaria mediática a favor del sí. El resultado final fue una amplia votación de signo afirmativo, con un 94,2%, que en Benigànim se elevó hasta el 95,5%. La violencia del terrorismo, y de la extrema derecha con colaboración policial, así como la Matanza de Atocha, cuyas víctimas eran abogados de Comisiones Obreras (enero de 1977), impulsaron la apertura democrática. El mismo año se legalizaron el Partido Comunista y Comisiones Obreras y se disolvió el Movimiento Nacional.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, una coalición de partidos de centro, en buena medida procedentes del franquismo institucional y sociológico, que controlaban los gobiernos civiles provinciales. En la izquierda, el Partido Socialista de Felipe González, ahora socialdemócrata, superó al Partido Comunista de Santiago Carrillo, que había sido la principal formación antifranquista. El País Valenciano se configuró como un territorio de mayoría socialista. La sociedad beniganense mostró la clara hegemonía de la UCD, con un 57,15%. Los distintos partidos socialistas sumaban el 28,56% del electorado; el PCE, un 4,11% y el franquismo residual, un ínfimo 2,35%.

Cabe decir que, en muchos territorios, las esperanzas democráticas iban aparejadas a las reivindicaciones de autogobierno y de recuperación de la cultura propia. Así, el 9 de octubre de 1977, medio millón de ciudadanos recorrieron las calles de València exigiendo un estatuto de autonomía. Se iniciaba un enfrentamiento identitario, en buena medida como respuesta al auge de la izquierda, conocido como la “batalla de Valencia”, en la que los partidarios de un regionalismo “bien entendido”, el “blaverismo”, desplegaron la violencia contra el nacionalismo valenciano con la colaboración institucional y mediática. El Ayuntamiento de Benigànim se adhirió a las tesis regionalistas.