Desde los preparativos del golpe de estado de julio de 1936, se ejerció una violencia política, social y cultural, ejercida con respaldo del Estado, pero protagonizada por un sector de la sociedad en barrios, pueblos y vecindarios. Fue concebida como herramienta política para el exterminio físico del contrincante político y para la supresión de la memoria de lo que el franquismo denominó “la anti-España”: republicanos, izquierda obrera y nacionalismo emancipatorio (no castellano-español). Con instrumentos jurídicos y extrajurídicos especiales se logró el cometido de asegurar, recurriendo al miedo, un control social que impidió la reorganización de una oposición. El terror se concentró en los años posbélicos, aunque la violencia, atenuada con los años, continuaría siendo uno de los ejes sostenedores del franquismo. En Benigànim, todavía está por estudiar.

La represión, artificialmente judicializada, se centró en consejos de guerra militares, aprovechando la vigencia del estado de guerra hasta 1948. Los republicanos eran juzgados paradójicamente por “rebelión”, fundada en acusaciones particulares. Partiendo de estas, se obtenían del reo confesiones sin garantías procesales y mediante tortura. Al franquismo no le importaba la veracidad de las acusaciones. Su objetivo era aniquilar a los republicanos. Como se escuchó en un juicio a un represaliado de Benigànim, “todos son iguales: tanto el que ha hecho como el que no ha hecho”.

Al menos 88 vecinos pasaron por tribunales militares; entre ellos, 16 mujeres. Hubo 21 condenas de muerte, 20 de las cuales, ejecutadas; siendo Benigànim la tercera población de la Vall con mayor número de ejecuciones. Los condenados a reclusión sufrieron hacinamiento, brutalidades y enfermedades, que causaron la muerte a 3 vecinos más, y los excarcelados era sometidos a control social por las juntas locales de libertad vigilada, habilitadas para imponer penas de destierro. A estas, se sumaban las condenas a campos de trabajo forzado.

La aberración jurídica del franquismo permitía procesar por similares cargos a un mismo reo en más de una jurisdicción. De modo que algunos de los enjuiciados por tribunales de responsabilidades, que establecían sanciones económicas (55 casos), habían sido ya fusilados, por lo que se actuó contra sus familiares. La Ley de Depuración sirvió en la administración y en la empresa privada para someter y deponer republicanos, y para ofrecer cargos y puestos públicos a los franquistas. La purga llegó también a las quintas que habían servido en el ejército republicano. Se les consideró soldados “desafectos” y fueron esclavizados en batallones de trabajado (39 jóvenes). Algunos depurados optaron por exiliarse, como hizo el médico don Víctor Cuquerella.

Como represión informal, el ejército ya había formado un campo de trabajo, que trabajó entre otros lugares en el cementerio y se exigió dinero a los republicanos. En el Ayuntamiento instaló una prisión en la que Falange realizaba interrogatorios bajo tortura. Otro recurso represor fueron las multas impuestas por el Gobierno Civil, la Guardia Civil, el juzgado local o la propia Falange.