El 18 de julio de 1936 los falangistas de Benigànim estaban preparados y armados para sumarse a la sublevación anti-republicana. Sin embargo, la UGT lo impidió, al desplegar una revolución social que aspiraba a una sociedad igualitaria de pequeños propietarios: en menor grado, el colectivismo. El poder local se fragmentó, como en gran parte de la zona republicana. Continuó la Comisión Gestora de Izquierda Republicana (centro-izquierda), con el alcalde Bautista Cuquerella Sanchis. Por otra parte, el Comité Revolucionario de la UGT lo presidió José M.ª Benavent Cuquerella. Un segundo comité, formado el 6 de agosto, incorporó un vocal del Partido Comunista.

Los dos comités detentaron un poder local real y efectivo, gracias a sus milicianos armados, pues el destacamento de la Guardia Civil había sido llamado a València. En este período, ambos comités y los sindicatos confiscaron tierras, talleres, fábricas y casas a los propietarios derechistas, a quienes obligaron a entregar dinero para costear salarios de milicianos y políticas sociales: jornales. La Comisión Gestora incautó la casa-palacio del marqués de Vellisca para instalar las oficinas municipales y depuró a cuatro trabajadores municipales por considerarlos anti-republicanos. Con los medios de producción confiscados se ensayaron nuevos modelos de gestión: las fábricas de Juan Pla Mompó y Vicente Cuquerella Llopis integraron una gran Cooperativa Vitivinícola. Las plantas alpargateras formaron otra cooperativa de 600 trabajadores. La CNT, ajustándose a nuevas normativas legales, que intentaban encauzar el desorden revolucionario, legalizó el control obrero del taller de forrar garrafas de José Catalá Gomar. Una imagen de esta revolución es la simbólica quema de un birrete y un tricornio en la calle.

Entre 1937 y 1938, de acuerdo con la legislación del Partido Comunista destinada a organizar las incautaciones obreras, se legalizaron (aunque no siempre eran aprobadas) las propuestas locales de expropiación de tierras a personas declaradas “desafectas a la República” (entre 41-46 propietarios), que pasaron a gestionar los comités agrícolas de fincas incautadas. Parte de ellas tomaron forma de colectividad anarquista en 1938.